Efectivamente según estudios recientes la probabilidad que una organización reciba una solicitud de auditoría de software está alrededor del 60%. Esta estadística es válida para Estados Unidos donde el nivel de piratería es menor a los que se registran en nuestras regiones. Por lo tanto podríamos estimar que esta probabilidad tiende a ser eventualmente mayor en Latinoamérica.

A raíz de las diversas crisis económicas registradas es este milenio, las empresas han disminuido en general el gasto en el rubro de software. Los fabricantes han tomado por lo tanto la iniciativa de crear grupos de operaciones de auditoría con el fin de asegurar el crecimiento de sus ventas y de proteger su propiedad intelectual y derechos de autor asociados.

A pesar de las amplias campañas de divulgación e iniciativas relacionadas, el tema de la legalidad del software ha sido usualmente de baja prioridad en muchas empresas, tanto a nivel de tecnología como a nivel Gerencial. Los fabricantes han sido tradicionalmente tímidos a la hora de iniciar procesos de auditoría en los clientes  con el fin de no perjudicar las relaciones comerciales y a la falta de personal y recursos para adelantar esta labor. Sin embargo esto ha empezado a cambiar y los fabricantes han detectado una fuente importante de ingresos en este tipo de actividades y por lo tanto están adelantando acciones en clientes de todos los tamaños y de todos los sectores de la economía.

Algunos fabricantes tienen políticas de auditar a sus clientes cada tiempo determinado y los contratos de licenciamiento suelen contemplar y delimitar la potestad del fabricante para adelantar esta iniciativa. Los grupos de “compliance” de los fabricantes están analizando permanentemente información pública de sus clientes (artículos de prensa, páginas web, etc.) e información que obtienen directamente de sus clientes en la interacción día a día – y cruzando esto con el historial del licenciamiento que tengan registrado. De esta forma pueden detectar aparentes sub-licenciamientos e iniciar actividades para validar sus sospechas. Para esto pueden apoyarse en sus propios equipos de auditoría, aliados de negocios, organizaciones  dedicadas a proteger los intereses de los fabricantes (tal como la BSA) o en bufetes de abogados que han visto en esta tendencia una nueva e interesante oportunidad de negocios.

Hemos estado presentes en los dos últimos meses en cinco casos apoyando a nuestros clientes en solicitudes (algunas amigables y otras no tanto) de auditoría. El proceso se suele iniciar con una carta de un bufete de abogados, actuando como apoderado de algún fabricante, donde anuncian una visita (léase inspección judicial) para una fecha determinada y así validar el estado actual de licenciamiento del cliente. En caso de encontrar sub-licenciamiento el cliente deberá adquirir las licencias faltantes además de pagar una indemnización (parte de la cual es destinada a sufragar los costos del bufete de abogados). Lo curioso del caso es que estos bufetes son los que suelen negociar el valor de la indemnización y por lo tanto el interés de ellos es obtener el máximo retorno posible y por lo tanto se convierten en juez y parte, lo cual puede generar conflicto de intereses.

Por lo tanto queremos darles la visibilidad de lo que está sucediendo y reiterar la importancia de adelantar una gestión proactiva de sus activos de software y de apoyarse en terceros que defiendan sus intereses frente a una situación de este tipo. Los fabricantes tienen el derecho de proteger su propiedad intelectual y los clientes la obligación de respetar y acatar los términos de licenciamiento. No obstante consideramos que hay mucho camino por recorrer aún en temas como:

• Términos de licenciamiento simples, amigables y consistentes – los clausulados son escritos en términos legales, que no siempre son fáciles de entender y que a veces se contradicen con la forma de licenciar otro producto similar del mismo fabricante. Los contantes cambios (de servidor, a procesador a núcleo por citar un ejemplo) no facilitan a los clientes la labor de cumplimiento.
• Educación a los usuarios, cámaras de comercio, contadores, revisores fiscales y demás interesados en mejores prácticas.